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La Administración como problema retorcido

Los economistas enfrentamos, entre otros, un tipo de problemas que denominamos malditos o retorcidos (wicked problems) por su resistencia a la resolución. Para que se entienda, sería como el caso de la manta más pequeña que el cuerpo de quien está acostado; si abriga por arriba deja los pies al aire. Si los tapa, siente frio en el pecho.

Las soluciones que apuntamos para este tipo de problemas son siempre del patrón mejor/peor y no hay muchas oportunidades para verificarlas porque cada intento influye de modo significativo en el escenario final. Lo malo es que los efectos de su resolución no se advierten en su totalidad hasta un momento posterior.

La búsqueda de la burocracia óptima es uno de esos problemas. Llevamos más una década desde que la ciudadanía comenzó a estar seriamente preocupada por la corrupción, que ascendió a los primeros puestos en las encuestas de opinión pública. Se acometieron importantes reformas legislativas para eliminar la discrecionalidad administrativa, ya muy recortada por los tribunales, a la vez que aumentaban los controles y disminuían los límites para contratar directamente obras, suministros o servicios desde el sector público.

Por ejemplo, los científicos se quejan (“La insoportable gravedad de investigar”) de las dificultades para investigar pues consumen mucho tiempo en “burocracia”. Para simplificar sus compras, hace unas semanas se publicaba en el BOE la tercera modificación de la última Ley de Contratos del Sector Público, que sólo cumplía un año de vigencia. Ver aquí la docta opinión de Javier  V. Matilla sobre este aniversario. El lector reconocerá aquí el ajuste de la manta de los problemas retorcidos, el sube y baja habitual entre los pies y el pecho. Límites generales que se endurecen y rebajan. Sin embargo, aquella ley ya contempla procedimientos de contratación sencillos y rápidos pero poco usados para gestionar dinero público.

Reconozcamos la sensibilidad del Ministerio del ramo al afrontar esa adaptación y la excepcional unanimidad del Congreso de los Diputados respaldando una solución al problema de la ciencia con la burocracia. Aparecerán otros, seguro. Pero también admitamos que los controles son necesarios. En todos los sectores existen expertos funcionarios bregados en la gestión económica y en la normativa contractual, que facilitan los trámites a los “políticos”. Ellos también se quejan del coste electoral del extenso plazo para poner una primera piedra, desde que se consigue financiar una inversión, que puede correr el riesgo de perderse. No digamos nada de las prisas por terminar de conformidad una obra e inaugurarla. Todos “sufren”, en gran medida, las cautelas que impone gestionar el presupuesto público.

Tengo buenos amigos en América Latina, donde los procedimientos y controles administrativos no impiden latrocinios millonarios. No hace falta que les mencione los países. Siempre me trasladan la envidia y admiración que tienen porque en España se siguen razonablemente las normas. Funciona el control interno de las organizaciones públicas, merced al buen hacer medio del funcionario. Y nuestros vecinos del norte no están mucho mejor, como nos muestra el aeropuerto fantasma de Berlín plagado de sobrecostes, corrupción y retrasos.

Soy consciente de que las buenas noticias no cotizan pero no quería dejar pasar la ocasión de recordarlo, en este que parece ser de los últimas entradas que firmo siendo síndico de cuentas, tras una docena de años de vida del blog comentando cuestiones administrativas o presupuestarias. Hay mucho que mejorar ¡Por supuesto! Ahí quedan las abundantes recomendaciones de todos los órganos de auditoría.

En mi opinión, nuestro país disfruta de un sólido y exigente equilibrio entre la fiscalización y la eficacia institucional. Las facturas se pagan en plazos razonables y las empresas más dinámicas e innovadoras tienen un lugar entre los proveedores públicos, sin necesidad de buscar atajos. Un éxito del que nadie parece sentirse orgulloso y menos en campaña electoral. Algo que no debe impedir buscar soluciones a las quejas justificadas de los ciudadanos, sin ocultar la buena realidad administrativa de unos controles generales que funcionan aceptablemente, merced al sube y baja de la manta de la burocracia. O a pesar de ello.

De todas estas cosas he hablado el pasado día 27 de marzo, en Madrid, con ocasión del II Congreso de Compliance en el Sector Público. Un evento que organiza el capítulo español de la World Compliance Association junto, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí, he tenido ocasión de recoger el I Premio Integridad en la Gestión Pública, “a la persona por su destacada labor de promoción de la integridad en el sector público, por su brillante trayectoria profesional y sus destacadas actuaciones públicas”. Me ruborizo solo de pensar la enorme responsabilidad que contraigo con este galardón, pero tenía que dejar constancia en mi blog, que es una de las razones de mi candidatura.

Miguel angel Cabezas, presidente de FIASEP, me hizo entrega del Galardón individual.

También fue reconocido el grupo de trabajo sobre códigos éticos de auditoría de la EUROSAI (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa) como iniciativa más destacada, por su impacto positivo en la promoción de la ética y la integridad en la gestión pública. A su trabajo dedicaremos la próxima entrada de nuestra bitácora,

A la izquierda, Helena Abreu, consejera del Tribunal de Cuentas de Portugal que ostenta la dirección del Task-Force Audit & Etics  reconocido con el premio al colectivo ejemplar, que entregó Maria José de la Fuente, presidenta del Tribunal de Cuentas de España.

 

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